Diálogos sobre los impactos del ingreso mínimo vital (IMV)

Argumentario



El Consejo de Ministros aprobó el 29 de mayo de 2020 el ingreso mínimo vital (IVM), una prestación ligada a un derecho subjetivo que debe permitir que todas las personas en situación de emergencia social tengan asegurados unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades más básicas. La prestación debe ayudar a combatir el aumento de población en riesgo de pobreza afectada por la crisis social y económica iniciada en 2008 y ayudar a la reducción de la desigualdad existente agravada por la crisis de la COVID-19. Cabe recordar que, en 2018, EUROSTAT indicaba que el coeficiente de Gini en España era casi tres puntos superior a la media de la Unión Europea, y los ingresos del 20 % de los hogares de renta más baja representaban sólo una sexta parte de los ingresos del 20 % con renta más alta, mientras en la Unión Europea esta proporción era sólo de una quinta parte. España se encuentra además entre los países de Europa con mayores niveles de pobreza y menor capacidad redistributiva.



Así, de acuerdo con el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, “Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. (…) Este objetivo de inclusión condiciona de manera central el diseño de la prestación, que, incorporando las

mejores prácticas internacionales, introduce un sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los expertos en política social han llamado «trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de prestación inhiba el objetivo de inclusión social y económica de los receptores.”



Aparecen pues muchos elementos de interés en el análisis de esta prestación: el conocimiento preciso de su diseño y alcance, los impactos que puede tener en el mercado de trabajo, los impactos potenciales de reducción del riesgo de pobreza severa para la población más vulnerable, sus elementos de gestión y

gobernanza, o el despliegue del conjunto de medidas asociadas que en su momento deberán desplegarse a través del reglamento preceptivo. Nos proponemos pues, iniciar un Ciclo de Diálogos sobre los impactos potenciales cualitativos y cuantitativos del IMV, que nos permitan poner nombres y apellidos a una medida que cuenta con el aplauso previo unánime a nivel político y social, tanto aquí como en los organismos multilaterales internacionales. A pesar de ello, deben definirse los parámetros que permitirán saber qué se puede hacer con esta medida y qué no, qué impactos tendrá en la pobreza y el mercado de trabajo y de qué forma pueden aprovecharla la ciudadanía y los servidores públicos que deben gestionarla para atender a la

población más vulnerable.



Se trata pues de extender un saber sobre un tema de relevancia fundamental para la ciudadanía, que a menudo sólo lo conoce de manera tangencial y sin el conocimiento experto que los diálogos pretenden aportar.